Recientemente fue aprobado de manera unánime por ambas cámaras, el Proyecto de Ley que introduce modificaciones sustanciales en el Código Penal y Procesal, y que se traduce en una iniciativa que busca agravar las penas para los reincidentes en la comisión de delitos y mejorar la investigación y persecución del crimen organizado.
Esta iniciativa forma parte de las 32 propuestas priorizadas por el Gobierno en diversas áreas relacionadas con seguridad, orden público y otras materias de crecimiento económico.
Respecto al avance de esta iniciativa, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos Samuel Navarro Castro hizo eco de lo manifestado por el ministro Luis Cordero indicando que "se trata de la reforma al Código Procesal Penal más importante desde que se implementó el año 2000, porque introduce modificaciones sustanciales destinadas a mejorar la eficacia de la persecución penal adecuando las reglas a las necesidades actuales del país".
Ahora, señalar que, entre las modificaciones relevantes del proyecto, está aquella que introduce en el Código Penal una regla general que agrava significativamente las penas a las personas que reinciden en la comisión de delitos, excluyendo el mínimo aplicable o aumentando la pena en un grado según sea la primera o segunda reincidencia, siendo ésta una norma indispensable para poder avanzar en la agenda de seguridad.
Finalmente y respecto a algunas características de esta ley, destacan que introduce modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal para una persecución penal más eficiente, incluyendo la ampliación de las técnicas especiales de investigación como la interceptación y grabación de comunicaciones para combatir el crimen organizado, incorpora reglas para la agilización de los juicios orales, establece medidas de protección para brindar una mayor seguridad a todos los actores del sistema penal que intervengan en las causas sobre criminalidad organizada: fiscales, jueces, víctimas, testigos y agentes policiales, incorpora un estatuto que regula la cooperación eficaz, incentivando a imputados y condenados a proporcionar información útil para desarticular asociaciones delictivas y criminales, incorpora normas que regulan expresamente los tribunales de tratamiento de drogas, incluye cambios en la Ley 20.000, añadiendo a Gendarmería de Chile y a la Dirección General de Asuntos Marítimos como destinatarios de recursos decomisados, entre otras.
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